*Que no se nos olvide lo primero: estamos hablando de una investigación en marcha, así que todos los hechos que figura en este artículo son considerados presuntamente. Vaya por delante siempre la presunción de inocencia.
El Tribunal Supremo abre una nueva causa penal contra el eurodiputado Alvise Pérez por presuntos desórdenes públicos en sus redes sociales.
Por A. Lagar | 1 de julio de 2026
¿Pensabas que el historial judicial de Luis Pérez Fernández, al que seguro conoces como Alvise, se había quedado estancado?
Pues no.
El Tribunal Supremo le acaba de abrir un nuevo frente en la Sala de lo Penal.
Esta vez el asunto va de desórdenes públicos y tiene que ver con los mensajes que puso en su canal de Telegram durante las protestas de los agricultores a principios de 2024.
La magistrada Carmen Lamela será la encargada de llevar las riendas de la investigación. Con esta ya van seis causas abiertas en el alto tribunal para el eurodiputado.
¿Por qué investiga el Tribunal Supremo a Alvise Pérez?
La justicia no está analizando opiniones políticas ni quejas sobre la situación del campo.
El Tribunal Supremo se enfoca en que los mensajes publicados en el canal de Telegram del eurodiputado iban más allá de la simple crítica social o el apoyo a una huelga.
Según el auto judicial, el contenido de ese canal incluía peticiones repetidas para ocupar y colapsar carreteras, accesos a ciudades, puertos, refinerías y centros logísticos.
El tribunal señala que se animaba a usar vehículos particulares para cortar el tráfico, se sugería aprovechar los momentos con menos presencia policial y se organizaban acciones colectivas capaces de alterar de forma grave el orden público.
¿Dónde están los límites de la libertad de expresión?
El derecho a criticar al Gobierno, quejarse de la actuación de la policía o convocar manifestaciones está protegido por la ley en España.
Sin embargo, el Tribunal Supremo aclara que esa protección desaparece cuando se pasa de la protesta a la incitación directa.
El auto judicial detalla que los llamamientos públicos para realizar acciones coordinadas que, por su organización y riesgo, pongan en peligro el orden de las calles entran en el terreno de los desórdenes públicos agravados.
La clave de esta acusación provisional no radica en los comentarios que dejaban los usuarios de Telegram en la aplicación, sino en los textos y vídeos publicados por el propio administrador del canal.
¿Cómo demostró la policía quién controla el Canal Alvise?
Esta investigación no es nueva, pero se había quedado parada por un problema técnico.
El Tribunal Supremo devolvió el caso al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid porque no se había comprobado de forma oficial quién estaba detrás del canal de Telegram de Alvise Pérez.
Como eurodiputado, cuenta con aforamiento, lo que significa que solo el Tribunal Supremo tiene competencia para investigarlo, pero antes se necesitaban pruebas.
El juzgado madrileño pidió ayuda a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.
Los agentes de esta unidad investigaron la actividad de la cuenta y enviaron un informe técnico que sirvió para desbloquear la situación. Los datos policiales confirman varios puntos clave:
- El investigado gestionaba y estaba al frente de la cuenta de mensajería de forma directa.
- El espacio público en la aplicación se identificaba con su nombre y su imagen personal.
- Él mismo admitió públicamente en diferentes intervenciones su vinculación total con la cuenta.
- La plataforma servía como altavoz para enviar mensajes de texto y vídeos a miles de seguidores.
Tras recibir este documento policial, el Tribunal Supremo aceptó asumir la causa, al entender que existen indicios suficientes para iniciar el procedimiento formal de investigación.
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