Imagen: Ministerio del Interior.
La red criminal captaba a las víctimas en Colombia y Perú con falsas promesas de empleo en Portugal para luego trasladarlas a España, donde trabajaban sin seguridad ni cobertura legal.
Por: A. Lagar | 13 de abril de 2026
Una operación internacional conjunta ha logrado desmantelar una estructura criminal que introducía de forma irregular a trabajadores extranjeros en España. La red, integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños, habría engañado a más de 1.000 personas, principalmente procedentes de Colombia y Perú, a quienes ofrecían puestos como soldadores cualificados en el sector del metal.
La intervención, coordinada por Europol y Eurojust, ha culminado con la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, de las cuales dos ya han ingresado en prisión provisional. El presunto cabecilla de la trama, que dirigía las operaciones desde Emiratos Árabes Unidos, también ha sido arrestado gracias a una orden internacional emitida a través de Interpol.
El engaño: falsos contratos y simulación de turismo
La investigación policial arrancó en mayo de 2025 al detectarse que varias mercantiles portuguesas ofrecían mano de obra especializada a empresas españolas de metalurgia. El «modus operandi» era siempre el mismo: captaban a los trabajadores en sus países de origen con promesas de empleo en Portugal. Una vez aceptaban, volaban a España bajo instrucciones de simular ser turistas para sortear los controles fronterizos.
Ya en territorio nacional, la realidad era muy distinta. Se les informaba de que trabajarían en España, aunque supuestamente estarían dados de alta en la Seguridad Social lusa. La red les obligaba a pagar hasta 300 euros por gestiones documentales que nunca se realizaban y, en muchos casos, eran los propios trabajadores quienes terminaban costeando cuotas de la Seguridad Social que resultaron ser inexistentes.
Empresas «espejo» de la red criminal
Para dotar de apariencia legal a la estafa, la organización creó una empresa en Sabadell con el mismo nombre que una firma portuguesa. Bajo este paraguas, subcontrataban servicios aportando documentación totalmente falsificada, desde certificados de desplazamiento y tarjetas de residencia hasta cursos de formación y reconocimientos médicos.
La precariedad laboral era absoluta. Las víctimas carecían de equipos de protección individual (EPI) y se ignoraban sistemáticamente los convenios colectivos. Esta desprotección derivó en varios accidentes laborales, dejando a los heridos en una situación de total vulnerabilidad al no contar con cobertura médica ni legal.
Registros y bloqueo de activos
La fase final de la operación se ejecutó el pasado febrero con el despliegue de más de 100 agentes en España y Portugal. En total se realizaron seis registros —tres de ellos en territorio español— donde la Policía Nacional intervino abundante documentación falsa, tres vehículos (dos de ellos de alta gama) y procedió al bloqueo de múltiples cuentas bancarias vinculadas a la trama. En el operativo participaron también la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y centros especializados de combate al tráfico de migrantes de Brasil.
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