Imagen: Ministerio del Interior
El Equipo de Policía Judicial de Calahorra desarticula una trama de presunta explotación laboral en La Rioja Baja tras la trágica muerte de un trabajador.
Por A. Lagar | 15 de junio de 2026
¿Cómo empezó a caer la presunta red criminal?
Todo saltó por los aires en Rincón de Olivedo, una pequeña localidad de La Rioja Baja que pertenece al municipio de Cervera del Río Alhama.
La Guardia Civil llevaba tiempo siguiendo la pista a un grupo de ciudadanos portugueses asentados en la zona.
Las sospechas apuntaban a que estaban captando a compatriotas en situaciones de extrema vulnerabilidad económica para traerlos a España, pero el caso dio un giro trágico.
Durante el transcurso de las pesquisas, una de las víctimas decidió plantarse.
Harto del maltrato y de las condiciones inhumanas, el trabajador se negó a seguir cumpliendo las órdenes de los capataces y huyó del recinto a pie.
En su intento por escapar de la organización, caminó por la carretera nacional N-232, donde fue atropellado por tres vehículos diferentes, perdiendo la vida como consecuencia del brutal impacto.
Este trágico suceso aceleró las intervenciones de la denominada operación Portus-Cale.
¿Quiénes estaban detrás de este presunto entramado?
Las investigaciones policiales permitieron identificar un clan delictivo perfectamente organizado que operaba desde dos inmuebles del municipio riojano.
El núcleo duro del grupo funcionaba como una empresa familiar donde los roles estaban muy repartidos.
Al frente de todo se encontraba una mujer, bautizada por los propios agentes y subordinados como «la jefa».
Esta dirigía las operaciones con la ayuda directa de su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos.
Para anular por completo la voluntad de los peones (ocho personas con edades comprendidas entre los 40 y los 74 años), el clan aplicaba un sistema basado en el miedo y el aislamiento social.
Los mantenían viviendo hacinados en estancias insalubres que carecían de los servicios básicos de higiene o comodidad.
La alimentación consistía habitualmente en carne en mal estado, y los propios explotadores les facilitaban un acceso constante al alcohol.
Esta maniobra buscaba generar una fuerte drogodependencia para que los empleados se mantuvieran sumisos, desorientados y completamente aislados de su entorno.
¿Cuáles eran los presuntos castigos que imponía «la jefa»?
La rutina diaria de las víctimas rozaba la esclavitud.
Eran obligadas a realizar jornadas interminables que oscilaban entre las 12 y las 16 horas diarias.
El clan familiar imponía una política de disponibilidad absoluta, por lo que los empleados no tenían derecho a descansos semanales ni a librar durante los domingos o días festivos.
Las tareas encomendadas cambiaban según las necesidades del mercado e iban desde la poda y recolección en viñedos hasta portes de mercancías o reformas integrales de viviendas particulares.
El sistema de remuneración económica era inexistente o una estafa absoluta.
Varios de los jornaleros liberados acumulaban años de actividad sin haber visto un solo euro de su sueldo.
Los pocos que recibían algo cobraban una tarifa de cuatro euros por hora de trabajo.
Sin embargo, los capataces les descontaban inmediatamente de esa cantidad el coste del tabaco y el alcohol que ellos mismos les suministraban, dejándolos con las manos vacías.
Si alguno se ponía enfermo y se veía incapaz de acudir a los campos, los líderes del grupo respondían propinándole agresiones físicas.
¿Qué implicación tienen los agricultores y las bodegas de la zona en este negocio?
El clan familiar no trabajaba de forma aislada, sino que actuaba como una agencia de colocación ilegal que nutría presuntamente de mano de obra barata a terceras empresas.
La Guardia Civil ha descubierto vínculos estables entre la organización criminal y diversos viticultores, agricultores y particulares ubicados en la comarca de La Rioja Baja y en la Ribera de Navarra.
Muchos de estos contratistas acudían al clan siendo conscientes de las condiciones de precariedad extrema y desamparo en las que vivían los peones portugueses.
El caso más grave afecta directamente a una bodega de la región.
Las autoridades mantienen bajo investigación tanto a la empresa vinícola como a uno de sus directivos por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Según se desprende del análisis de la documentación intervenida, esta compañía presuntamente recurría de forma habitual y continuada a los servicios del clan delictivo, llegando a pagarles un total de 569.000 euros por las labores agrícolas desempeñadas en sus explotaciones.
¿Cuánto dinero ganaba el presunto clan?
La explotación humana resultó ser un negocio inmensamente lucrativo para la cúpula de la organización.
El análisis de las cuentas bancarias realizado por los especialistas en blanqueo de capitales ha determinado que las dos máximas responsables del clan consiguieron ingresar la cifra de 2.517.593 euros desde el año 2022, declarando esos ingresos bajo el falso concepto de trabajos agrícolas convencionales.
El operativo policial culminó con la ejecución de siete entradas y registros simultáneos en los inmuebles controlados por los sospechosos.
En el despliegue se intervinieron cerca de 30.000 euros en dinero en efectivo, un lote de joyas cuyo valor en el mercado supera los 150.000 euros y abundante documentación que está siendo analizada en sede judicial.
Además, la Guardia Civil incautó ocho automóviles (cinco de ellos clasificados como vehículos de alta gama) y ordenó el bloqueo inmediato de siete cuentas bancarias activas pertenecientes a los cinco detenidos.
Aviso legal: La información expuesta en este texto es estrictamente informativa y no vinculante. Todas las afirmaciones, títulos y detalles del caso recogidos en este artículo se basan en las primeras investigaciones policiales y tienen carácter de presuntos, rigiéndose estrictamente por el principio de presunción de inocencia.
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