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La Administración General del Estado (AGE) recupera oficialmente la jornada para funcionarios de 35 horas semanales, una medida que entierra definitivamente los recortes de 2012.
Desde el pasado 16 de abril de 2026, el reloj de los empleados públicos funciona de otra manera.
Tras años de tiras y aflojas en las mesas de negociación, una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública ha fijado el nuevo estándar en 1.533 horas anuales.
Se acaba así la era de las 37,5 horas, en un intento por alinear a España con las directivas europeas de conciliación. Eso sí, el cambio no es para todos ni llega de golpe.
¿Quiénes salen ganando con la nueva jornada para funcionarios?
La medida impacta directamente en unos 250.000 empleados. Aquí entran los trabajadores de la AGE, entidades gestoras de la Seguridad Social y agencias estatales.
Sin embargo, hay una «letra pequeña» importante sobre quiénes se quedan fuera de este nuevo horario:
- Excluidos: Militares de las Fuerzas Armadas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- En espera: Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que seguirán con su normativa supletorio de 2018 a menos que negocien lo contrario.
- Adaptaciones: Sanidad, centros docentes e instituciones penitenciarias tendrán que esperar a que sus regulaciones específicas encajen las piezas de este nuevo puzle horario.
El fin de la «especial dedicación» de 40 horas
Para los puestos de mayor responsabilidad —esos que hasta ahora exigían estar «atados» al despacho 40 horas a la semana— también hay rebaja.
La jornada de especial dedicación se reduce a 37,5 horas, aunque la norma guarda un as en la manga: la administración podrá pedir ampliaciones puntuales si el servicio público corre peligro.
El mes de gracia para los jefes
Aunque el BOE dice que la norma ya está vigente, la realidad en las oficinas es más pausada.
Los distintos departamentos tienen de plazo hasta mediados de mayo para adaptar sus calendarios y sistemas de control de presencia.
Es el tiempo necesario para cuadrar turnos en registros y oficinas de atención al público, evitando que la reducción horaria termine en una ventanilla cerrada antes de tiempo.
El cuidador, el nuevo protagonista
Más allá del reloj, la gran novedad es el blindaje de la figura de la persona cuidadora.
La norma reconoce ahora de forma expresa a quienes conviven con personas dependientes (por edad, accidente o enfermedad).
Para ellos, la flexibilidad horaria ya no será un favor, sino un derecho reforzado para que cuidar de un familiar no suponga un castigo en su carrera profesional.
Esta medida cierra un círculo que se abrió en 2012, cuando el sector público vio cómo su jornada se estiraba por decreto.
Catorce años después, y tras el acuerdo en la Mesa General de Negociación del pasado marzo, los funcionarios vuelven a una casilla de salida más amable con la vida fuera del trabajo.
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