Recreación digital de recurso
La sentencia documenta dos operativas adicionales de la red corrupta. Por un lado, la recepción de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) encubierto bajo un contrato de arrendamiento simulado, entregado gratuitamente a José Luis Ábalos como contraprestación por facilitar licencias a la empresa de hidrocarburos Villafuel S.L.
Por A. Lagar | 24 de junio de 2026
Por otro lado, la instrumentalización del Ministerio para emitir salvoconductos durante el estado de alarma a favor de ciudadanos venezolanos recomendados por Víctor de Aldama, hecho por el que, sin embargo, los acusados han sido absueltos del delito de falsedad documental al no poder probarse que las reuniones justificativas no llegaran a celebrarse.
El soborno de «La Alcaidesa»: licencias a cambio de una vivienda
La sentencia detalla cómo Víctor de Aldama organizó reuniones con el empresario Claudio Rivas orientadas a «agilizar los trámites con industria» relacionados con licencias de mayorista de gasocentros e hidrocarburos.
A cambio de los favores que se iban a conseguir, y con el objetivo de «tener contento al ministro», la trama orquestó la obtención de un chalé para el exministro, lo que el Supremo califica directamente como un delito de cohecho.
Koldo García se encargó de buscar el inmueble y, finalmente, la empresa HAVE GOT TIME S.L., vinculada a Claudio Rivas, compró un chalé en la exclusiva urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, por un importe de 585.000 euros pagados mediante cheque bancario el 10 de junio de 2021.
Apenas unos días después, el 1 de julio, se firmó un contrato de «arrendamiento con opción de compra» a nombre de José Luis Ábalos por 2.500 euros mensuales.
Sin embargo, el Alto Tribunal concluye que este contrato era una simple coartada: argumenta que carece de sentido que Koldo buscara una vivienda «en venta» para que luego una sociedad vinculada a la trama la comprara y se la alquilara al ministro.
El objetivo real era entregarla gratuitamente a Ábalos como contraprestación por las gestiones a favor de Villafuel, lo que queda en evidencia ante «la falta de pago de las rentas posteriores al inicial pago».
Salvoconductos con pasaporte venezolano en pleno estado de alarma
El último episodio acreditado aborda la movilidad irregular durante las severas restricciones impuestas en el segundo estado de alarma por la pandemia de la COVID-19.
En febrero de 2021, Víctor de Aldama recurrió a Koldo García para conseguir que diversas personas, varias de ellas de nacionalidad venezolana, pudieran eludir las limitaciones, entrar por vía aérea a España y circular libremente entre comunidades autónomas.
Siguiendo las instrucciones de la red, la secretaria personal de Ábalos, Ana María Aranda, estampó el sello oficial del Ministerio y firmó certificados de movilidad argumentando que estas personas iban a mantener una reunión en el Gabinete del ministro, situado en el Paseo de la Castellana.
Entre los beneficiarios de estos pases destacaban Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, Carlos Alfonso Guillén Salcedo, Samuel Sánchez Boada y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez.
Una vez emitidos, Koldo García se los entregaba a Víctor de Aldama, quien los hacía llegar a los interesados.
A pesar de acreditar la emisión de estos documentos oficiales por encargo de la trama, el Tribunal Supremo ha decidido absolver a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama del delito de falsedad documental.
La absolución se fundamenta en que, aunque la maniobra resulta sospechosa, no ha quedado acreditado fehacientemente que dichas visitas fueran falsas, ya que las autoridades judiciales no exploraron el listado de visitas del Ministerio para descartar que las reuniones, efectivamente, se llevaran a cabo.
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