Recreación digital de recurso
Aprovechando su máximo control jerárquico, la organización liderada por José Luis Ábalos colocó a dos mujeres vinculadas a su entorno personal en empleos fantasma dentro de empresas públicas adscritas al Ministerio.
Por A. Lagar | 24 de junio de 2026
Ambas percibieron miles de euros abonados indirectamente por entes estatales sin llegar a desempeñar función laboral alguna, logrando paralizar expedientes disciplinarios y forzando ceses de directivos cuando estos intentaron denunciar el absentismo.
43.950 euros por acompañar al ministro en sus viajes
El exministro concibió un plan, ejecutado por su asesor Koldo García, para que su entonces pareja sentimental, Jessica Rodríguez, fuera contratada por una empresa pública vinculada a ADIF y percibiera un sueldo sin trabajar.
Tras contactar e influir sobre la presidenta de ADIF, lograron colocarla en la sociedad estatal INECO desde el 1 de marzo de 2019.
Jessica Rodríguez acudió a las oficinas de la empresa únicamente en dos ocasiones: para la entrevista inicial y para recoger un ordenador portátil.
Para eludir los controles, la pareja de Ábalos recibió indicaciones de Koldo para decir que prestaba servicio bajo las órdenes del hermano del asesor, Joseba García, llegando a remitir partes de trabajo de asistencia telemáticos falsos que incluso incluían horas en días festivos.
Lejos de trabajar, aprovechó este tiempo de contrato en vigor para acompañar al ministro en al menos trece viajes por España y el extranjero, sin pedir permisos a su empresa.
Cuando las responsables del proyecto en INECO y TRAGSATEC le exigieron explicaciones por los errores técnicos en sus reportes de trabajo, Ábalos contactó directamente con la presidenta de ADIF para exigirle que dejaran de «molestarla».
Al finalizar su contrato en INECO, la trama logró encadenar, casi sin solución de continuidad, un segundo empleo fantasma en TRAGSATEC desde marzo de 2021, donde tampoco realizó ninguna actividad.
Por todo ello, el Supremo cuantifica que percibió ilícitamente 43.950 euros netos de fondos públicos (34.450 euros de INECO y 9.500 euros de TRAGSATEC), cantidades que, como marcaba la normativa, acababa abonando indirectamente ADIF.
De leer libros de trenes en la biblioteca a ser ascendida a supervisora
El segundo caso documentado por el Supremo afecta a Claudia Montes, a quien Ábalos conoció en un mitin del PSOE en Gijón en mayo de 2019.
Al comentarle su situación de desempleo, el ministro ordenó por mensaje a Koldo García que la enchufara «en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas».
En diciembre de 2019 fue contratada en LOGIRAIL (empresa pública del Grupo Renfe), con un salario neto de 1.384 euros al mes.
Fue destinada a una oficina en Oviedo, pero como no le gustaron las instalaciones (llegando a quejarse a Ábalos de que estaba «cara a la pared, sin ordenador y sin poder hacer nada»), decidió por cuenta propia dejar de acudir a su puesto.
En su lugar, y estando en horario laboral, se dedicó a «leer libros de trenes» en la biblioteca de Oviedo.
Ante este absentismo y pasados más de ocho días sin justificación, el gerente territorial en Asturias intentó abrirle un expediente disciplinario por falta grave que conllevaba su despido.
Al verse acorralada, Claudia recurrió al Ministerio: Ábalos y Koldo paralizaron la sanción de inmediato.
Koldo García amenazó al gerente advirtiéndole que «iban a rodar cabezas» por tratar mal a la empleada, lo que provocó que el directivo asturiano que la denunció fuera cesado de manera fulminante y sin explicaciones.
Como remate del trato de favor, la nueva dirección de LOGIRAIL contactó con la trabajadora ausente y le ofreció una mejora de contrato, ascendiendo desde el escalón más bajo hasta el cargo de supervisora.
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