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El Ayuntamiento de València ha decidido vigilar los empadronamientos ficticios incorporando sanciones específicas dentro de la nueva Ordenanza de Convivencia y Civismo.
15 casos ya están en manos de la Fiscalía
La situación ha dejado de ser una sospecha para convertirse en un problema judicial.
En los últimos meses, los servicios municipales han detectado y remitido a la Fiscalía hasta 15 supuestos de fraude.
El desglose de estos casos revela una estrategia clara: 11 utilizaban certificados de empadronamiento falsificados, mientras que los otros 4 se apoyaban en contratos de alquiler que nunca existieron.
Según el concejal de Transparencia y Defensa de la Ciudadanía, Juan Carlos Caballero, estas prácticas no solo son ilegales, sino que distorsionan la realidad demográfica de la ciudad, afectando directamente a la planificación de colegios, centros de salud y servicios de limpieza que dependen del número real de vecinos.
Sanciones para dueños e inquilinos
Hasta ahora, el control del padrón se enfrentaba a un vacío normativo que dificultaba el castigo administrativo.
El texto que ultiman los servicios municipales busca dotar al consistorio de una herramienta legal «eficaz».
La gran novedad es que la nueva ordenanza no solo pondrá el foco en quien se inscribe de forma irregular, sino especialmente en aquellas personas que faciliten o promuevan estas inscripciones.
Esto significa que los propietarios que permitan empadronarse en sus viviendas a personas que no residen efectivamente en ellas podrían enfrentarse a sanciones económicas.
El objetivo es cortar de raíz el mercado de los «padrones de favor» o aquellos vinculados a la obtención fraudulenta de ayudas y servicios.
Valencia sigue los pasos de otras ciudades
La capital del Turia no es la primera en endurecer estas normas. Ciudades como Lorca o Tres Cantos ya cuentan con normativas similares que buscan un censo mucho más ajustado a la realidad.
La nueva ordenanza, coordinada también por la Concejalía de Seguridad, pretende fomentar la «corresponsabilidad ciudadana».
Desde el Ayuntamiento recuerdan que el padrón es la base para conocer la realidad de los barrios.
Con esta medida, se espera frenar una tendencia que, además de ser un fraude administrativo, genera perjuicios y tensiones vecinales al declarar ocupaciones en inmuebles que, en la práctica, funcionan como pisos «fantasma» a efectos censales.
Parece que, a partir de ahora, jugar con los datos del domicilio en Valencia va a salir bastante más caro que una simple amonestación.
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