Recreación digital de recurso
El proceso judicial por la tragedia en la zona de ocio de Atalayas afronta su fase definitiva. Siete personas irán a juicio acusadas de trece homicidios imprudentes.
Por A. Lagar | 12 de julio de 2026
Quiénes se sientan en el banquillo y de qué se les acusa
La magistrada del juzgado de instrucción número tres del Tribunal de Instancia de Murcia ha tomado una decisión.
El caso por el incendio en los locales de la zona de Atalayas pasa a la Audiencia Provincial.
Este movimiento implica que siete personas tendrán que defenderse formalmente en un juicio penal por las consecuencias de aquella noche.
El reparto de las acusaciones no es igual para todos los implicados.
Cuatro de los investigados cargan con la parte más pesada del expediente del Ministerio Fiscal y las acusaciones.
A estos cuatro se les atribuyen trece delitos de homicidio por imprudencia grave.
La jueza destaca que existe un agravante debido a la alta cantidad de víctimas mortales.
Además arrastran otros trece delitos de lesiones por imprudencia grave y un delito añadido contra los derechos de los trabajadores.
Los tres acusados restantes se libran de este último cargo pero responden igualmente por los trece homicidios y las trece lesiones imprudentes.
Las penas que se solicitan en los escritos oficiales reflejan la gravedad de los hechos.
La Fiscalía pide condenas que alcanzan los ocho años y seis meses de prisión para varios de los procesados.
Por su parte las acusaciones particulares y la acusación popular van más allá.
Sus peticiones se elevan hasta los nueve años de cárcel además de exigir diversas inhabilitaciones profesionales.
¿Por qué los acusados siguen en la calle?
Una de las dudas más repetidas en la calle es por qué estas siete personas esperan el juicio en sus casas.
La resolución judicial mantiene la libertad provisional para todos ellos.
Una de las acusaciones intentó endurecer las medidas cautelares solicitando la retirada del pasaporte y prohibiendo que salieran de España. Sin embargo la magistrada ha denegado la petición.
Desde que se abrió la causa el primero de octubre de 2023 los investigados han acudido a cada cita de la policía y del juzgado.
Todos tienen residencia fija en el país con un entorno laboral y social totalmente arraigado.
La jueza argumenta que no existe peligro real de fuga por lo que retirarles la documentación carece de justificación legal en este momento del proceso.
La fianza que deben afrontar en cinco días
Aunque no vayan a prisión preventiva el bolsillo de los acusados sí va a sufrir un golpe inmediato.
El auto judicial les exige una fianza conjunta y solidaria de 8.796.653,33 euros.
Esta cantidad no es aleatoria. Se calcula sumando todas las indemnizaciones económicas que pide la Fiscalía para las familias de los fallecidos y los heridos añadiendo un tercio extra por ley.
El plazo para poner el dinero sobre la mesa es de cinco días hábiles.
Esta obligación salpica tanto a los siete individuos como a sus compañías de seguros y a la empresa considerada responsable civil subsidiaria.
Si no depositan los casi 8,8 millones de euros en el plazo fijado el juzgado iniciará el proceso de embargo de sus propiedades y bienes materiales para cubrir la cifra.
Una de las acusaciones pidió obligar a las aseguradoras a adelantar el dinero pero la jueza lo rechazó al comprobar que las empresas son solventes y pagarán si hay condena.
El motivo por el cual el Ayuntamiento de Murcia se libra de pagar
Una de las grandes batallas de las familias de las víctimas era conseguir que el Ayuntamiento de Murcia respondiera económicamente como responsable civil subsidiario.
La jueza ha cerrado esa puerta de golpe. La resolución aclara que no se cumplen los requisitos del Código Penal para salpicar a la administración pública.
Los argumentos legales desmontan la responsabilidad municipal en tres puntos.
Primero no hay ningún funcionario ni empleado del ayuntamiento imputado en la vía penal.
Segundo el consistorio no es el dueño ni el gestor de los locales donde ocurrió el fuego.
Tercero la administración local no participó de ninguna en la organización de la fiesta nocturna.
La jueza corta las comparaciones con la tragedia del Madrid Arena explicando que las circunstancias de este caso son completamente distintas y no se pueden equiparar.
A partir de este momento, las opciones legales para cambiar las condiciones del proceso son mínimas, ya que este auto judicial no admite recurso de apelación.
El único resquicio legal que les queda a las partes afecta de forma exclusiva a la situación de libertad provisional de los siete investigados; para este punto concreto, existe la posibilidad de interponer un recurso de reforma en un plazo estricto de tres días.
Para entender cómo se ha llegado a este escenario, hay que remontarse al primero de octubre de 2023.
Aquella madrugada, un incendio de una agresividad extrema se originó en la zona de ocio nocturno de Atalayas, en Murcia, y se propagó con rapidez por los locales contiguos, afectando especialmente a las discotecas Fonda Milagros y Teatre.
El fuego sorprendió a decenas de personas en el interior de los establecimientos, provocando una densa humareda y el colapso de las estructuras que terminó con la vida de trece personas y dejó a otras trece heridas de diversa consideración, convirtiéndose en una de las mayores tragedias en locales de ocio nocturno en España.
¿Se puede recurrir la decisión de la jueza?
El auto no se puede recurrir en general, excepto en el apartado de la libertad provisional de los acusados, para lo cual hay tres días de plazo.
¿Cuándo ocurrió la tragedia de las discotecas de Murcia?
El incendio se produjo durante la madrugada del primero de octubre de 2023 en la zona de ocio de Atalayas.
¿Qué locales se vieron afectados por el fuego?
Las llamas se originaron en la zona de ocio de Atalayas y afectaron con especial gravedad a las discotecas Fonda Milagros y Teatre.
¿Cuántos acusados van a juicio por el incendio de Murcia?
Siete personas se sentarán en el banquillo de los acusados por la tragedia ocurrida en la zona de ocio de Atalayas.
¿A qué penas de prisión se enfrentan los procesados?
La Fiscalía solicita penas de hasta dos años y medio de cárcel mientras que las acusaciones particulares piden hasta nueve años.
¿Cuál es la fianza económica fijada por la jueza?
Los acusados y sus aseguradoras deben abonar una fianza conjunta de 8.796.653,33 euros en un plazo de cinco días.
¿Por qué los investigados continúan en libertad?
La justicia descarta el riesgo de fuga porque los implicados tienen arraigo social y laboral y han colaborado siempre desde octubre de 2023.
¿Responderá el Ayuntamiento de Murcia por los daños económicos?
No. La jueza ha rechazado declarar al Ayuntamiento responsable civil subsidiario al no tener relación directa con el evento ni con los locales.
Acerca del autor
