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La cúpula de Transportes operaba como una «organización criminal»: 10.000 euros al mes y un piso de lujo por favores políticos
Por A. Lagar | 24 de junio de 2026
El Tribunal Supremo ha ratificado en su sentencia que el exministro de Fomento y Transportes, José Luis Ábalos, su asesor de máxima confianza, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, constituyeron una organización criminal estable con un claro y predefinido reparto de funciones.
El objetivo central de este entramado no era otro que el enriquecimiento ilícito conjunto, aprovechando la privilegiada posición e influencia de Ábalos tanto en el Gobierno de España como en la Secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La resolución judicial desvela cómo la organización funcionaba con una jerarquía perfectamente delimitada.
José Luis Ábalos era considerado «el jefe» («el Gran Jefe»), aportando la autoridad indispensable para influir en las decisiones del Ministerio y presionar a otras administraciones cuando resultaba necesario.
Por su parte, Koldo García ejercía como la «mano derecha», intermediario y alter ego del ministro, transmitiendo y ejecutando sin miramientos su voluntad.
Finalmente, Víctor de Aldama operaba como el nexo corruptor: su función era captar a empresas interesadas en acceder a contratos o favores de la Administración Pública, articulando acuerdos a cambio de cuantiosas prestaciones económicas que luego se repartían entre los tres miembros de la cúpula.
El nivel de infiltración de Aldama era asombroso: transitaba sin ningún tipo de control por la zona reservada para el ministro en el propio Ministerio, siendo considerado por altos cargos como si fuera «parte del Ministerio».
Un «sueldo» mensual de 10.000 euros en efectivo
Para mantener cohesionado al grupo delictivo y engrasar la maquinaria de favores políticos, se estableció un pago fijo.
Víctor de Aldama se comprometió a entregar 10.000 euros mensuales en metálico destinados a cubrir los «gastos fijos» de Ábalos.
Estos abonos periódicos se realizaron ininterrumpidamente desde octubre de 2019 hasta junio de 2022, alargándose incluso tiempo después de que el exministro fuera cesado de su cargo.
El dinero en efectivo era recogido en primera instancia por el propio Koldo García —quien figuraba identificado en los archivos contables incautados a la trama bajo el apodo de «grandullón»— y posteriormente por el hermano de este, Joseba García.
La logística para el cobro de estas mordidas cruzó el Atlántico.
En los meses de octubre y noviembre de 2021, ante la falta de pagos de constructores en España, el hermano del exasesor tuvo que viajar hasta la República Dominicana para recoger el efectivo directamente de una secretaria de Aldama, ya que el empresario gestionaba unos laboratorios en el país caribeño y disponía allí de la liquidez necesaria en metálico.
El apartamento en Torre de Madrid y el contrato «fiduciario» de la Castellana
Junto a esta cuota mensual de 10.000 euros, la organización pactó otras retribuciones en especie para beneficio del exministro.
Como parte de sus pagos habituales, Aldama asumió el coste íntegro del alquiler de un céntrico apartamento en la Plaza de España de Madrid, en el conocido edificio Torre de Madrid.
El inmueble fue destinado exclusivamente para el disfrute de Jessica Rodríguez, quien en ese momento mantenía una relación sentimental con Ábalos.
Por otro lado, la trama diseñó un sofisticado mecanismo jurídico para garantizar que Ábalos cobrara su parte de las futuras comisiones millonarias (como las procedentes del inminente «pelotazo» de las mascarillas).
Para que el exministro tuviera una garantía de cobro, Aldama formalizó en abril de 2019 un contrato ficticio de alquiler con opción a compra a favor de Ábalos sobre un inmueble de su propiedad situado en el Paseo de la Castellana nº 164.
Se fijó un precio de adquisición de 750.000 euros, lo que suponía prácticamente la mitad de su valor real de mercado (tasado en más de 1,4 millones de euros).
Los peritos descubrieron que este importe se estipuló así para «que no cantase» ante Hacienda.
Ábalos nunca ocupó esta vivienda ni pagó las rentas estipuladas, ya que la única finalidad de este contrato era servir como un documento fiduciario («fiducia») que blindara la deuda; es decir, operaba como un «seguro» para garantizar el pago de los sobornos al ministro en caso de que hubiese algún incumplimiento en el reparto.
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