Imagen de recurso
El plan integral frente a la crisis económica y social provocada por la guerra en Oriente Próximo moviliza más de 5.000 millones de euros. Estas medidas urgentes benefician a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas en España, actuando sobre la fiscalidad energética, el transporte y la protección del empleo.
Por: A. Lagar | 24 de abril de 2026
El Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas extraordinarias para paliar los efectos de la crisis internacional iniciada el pasado 28 de febrero. El plan integral aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo de 2026, y convalidado por el Congreso el día 26, responde a la volatilidad de los mercados energéticos y al bloqueo del estrecho de Ormuz. Esta hoja de ruta se articula en dos ejes: uno coyuntural para amortiguar el impacto inmediato en hogares y empresas, y otro estructural para acelerar la electrificación y el despliegue de energías renovables.
Tras la aprobación del real decreto ley, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que las 80 medidas incluidas en el plan:
«Movilizan más de 5.000 millones de euros y benefician a los 20 millones de hogares y los 3 millones de empresas de España».
Asimismo, el jefe del Ejecutivo remarcó que las actuaciones estarán vigentes «el tiempo que sea necesario» y que se ampliarán si la gravedad de la crisis se acentúa.
Rebaja de la fiscalidad energética y carburantes
Para reducir el impacto de la inflación y los costes de las materias primas, el plan establece las siguientes modificaciones tributarias de carácter temporal:
- IVA: Bajada del 21% al 10% en carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y ‘pellets’.
- Impuesto sobre Hidrocarburos: Reducción al nivel mínimo permitido por la directiva europea en gasóleo y gasolina sin plomo. Esto supone una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro y un ahorro de unos 20 euros por depósito para un automóvil medio.
- Impuesto Especial sobre la Electricidad: Reducción del 5% al 0,5% (tipo mínimo de la Unión Europea).
- Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica: Suspensión temporal del tributo (anteriormente al 7%).
Adicionalmente, se congela el precio máximo de venta del butano y el propano. El Gobierno también ha acordado con el Ejecutivo canario compensar las medidas que este adopte sobre los impuestos específicos del archipiélago. La supervisión del mercado de carburantes se refuerza a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Ayudas directas a sectores productivos
El plan contempla subvenciones específicas para profesionales, personas físicas o jurídicas, que utilicen gasóleo en su actividad:
- Gasóleo profesional: Ayuda de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de País Vasco y Navarra.
- Fertilizantes: Ayuda equivalente para su compra, dirigida a todos los inscritos en los registros de explotaciones agrarias, no solo a beneficiarios de la PAC.
Otras medidas de apoyo sectorial incluyen:
- Ampliación de la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero.
- Ayuda compensatoria para la flota pesquera y exención de la tasa sobre pesca fresca.
- Ayudas directas para servicios de transporte marítimo regular de pasajeros.
Refuerzo del transporte y cadena logística
El Consejo de Ministros del 14 de abril aprobó medidas adicionales para el sector del transporte estructuradas en tres bloques:
- Transporte de mercancías por carretera: Consolidación obligatoria y automática de la revisión del precio del transporte ante variaciones del combustible.
- Transporte ferroviario de mercancías: Línea de ayudas directas para compensar el sobrecoste del combustible en locomotoras diésel.
- Transporte marítimo: Ampliación de ayudas para servicios de carga pura entre puertos peninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como trayectos interinsulares.
Para los consumidores domésticos y trabajadores, el real decreto ley establece:
- Bono social eléctrico: Descuento del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos durante todo el año 2026.
- Bono social térmico: Incremento de la ayuda mínima a 50 euros.
- Suministros básicos: Prohibición del corte de energía y agua a hogares vulnerables.
- Industria electrointensiva: Bonificación del 80% de los peajes de transporte y distribución.
- Contratos energéticos: Flexibilización por ley para empresas y autónomos sin costes adicionales.
- Despidos: Las empresas beneficiarias de ayudas no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2026.
- Planes de movilidad: Se adelanta al 5 de diciembre de 2026 la obligación de contar con planes de movilidad sostenible en centros públicos y privados con más de 200 trabajadores (o 100 por turno).
Soberanía energética y transición ecológica
El segundo eje del plan integral introduce incentivos fiscales y reformas para reducir la dependencia de combustibles fósiles:
- IRPF: Deducción de hasta el 15% por compra de vehículos eléctricos «enchufables» o de pila de combustible. Recuperación de deducciones para rehabilitación de viviendas que mejoren la eficiencia térmica.
- Impuesto de Sociedades: Libertad de amortización en 2026 para inversiones en eficiencia energética, puntos de recarga y autoconsumo renovable.
- IBI: Habilitación a entidades locales para bonificar hasta el 50% por instalación de sistemas solares y hasta el 95% en obras relacionadas.
- Reformas técnicas: Elevación de la distancia máxima de autoconsumo de 2 a 5 kilómetros y declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico para aumentar el almacenamiento.
Con la implementación de este catálogo de medidas, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de soberanía energética que, mediante el impulso de las renovables y el almacenamiento eléctrico, garantice la protección de los consumidores frente a la inestabilidad de los mercados internacionales.
Acerca del autor
