Imagen de recurso: Publicadas las ayudas tras las borrascas sucesivas.
Tras las sucesivas borrascas Leonardo y Marta, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de estos recientes temporales, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. La norma establece ayudas directas por fallecimiento de 72.000 euros, subvenciones para la reconstrucción de viviendas de hasta 60.480 euros y un paquete de apoyo al sector agrario que supera los 2.000 millones de euros, incluyendo beneficios fiscales y laborales inmediatos.
Por: A. Lagar | Fecha: 19 de febrero de 2026.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el Real Decreto-ley 5/2026, una normativa de urgencia diseñada para responder a la catástrofe hidrometeorológica provocada por la sucesión de borrascas, Leonardo y Marta, entre finales de 2025 y febrero de 2026. La intensidad de fenómenos como los más de 4.400 litros por metro cuadrado registrados en la sierra de Grazalema y el almacenamiento récord de 10.000 hm³ en los embalses en solo dos semanas han llevado al Ejecutivo a declarar amplias zonas de Andalucía y Extremadura como áreas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.
Esta norma no solo busca la reparación de infraestructuras, sino que instaura un «escudo de protección social» que agiliza el cobro de indemnizaciones y exime de tributación a las ayudas personales.
Ayudas a particulares y por desalojo
El decreto introduce mejoras técnicas significativas respecto a normativas anteriores para acelerar la recepción de fondos. Una de las principales novedades es la creación de la figura del anticipo a cuenta, que permite a los afectados percibir hasta el 50% de la ayuda solicitada de forma inmediata mediante una declaración responsable.
Las cuantías máximas establecidas para particulares son:
- Fallecimiento e incapacidad: 72.000 euros (se elimina el requisito de dependencia económica).
- Destrucción total de vivienda habitual: 60.480 euros.
- Daños estructurales en vivienda: 41.280 euros.
- Destrucción de enseres domésticos: 10.320 euros.
- Ayuda por desalojo: 150 euros por persona y día de estancia fuera del hogar habitual por orden de la autoridad.
El sector agrario: 2.121 millones para compensar rentas
Dada la magnitud de los daños en el campo, el Ministerio de Agricultura ha habilitado una partida extraordinaria de 2.121 millones de euros para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrícolas y acuícolas. Los beneficiarios podrán recibir un pago único equivalente al 30% de sus ingresos agrarios declarados, con un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 25.000 euros por explotación.
Además, se complementará el coste de las primas del seguro agrario combinado hasta alcanzar el 70% del total, el máximo permitido por la Unión Europea. Para la recuperación de la capacidad productiva, se han destinado 600 millones de euros a la restauración de caminos rurales e infraestructuras de regadío, tareas que serán ejecutadas con carácter preferente por el grupo TRAGSA.
Apoyo a autónomos, empresas y medidas laborales
Para los negocios afectados de sectores como el comercio, la hostelería o el hospedaje, se establecen ayudas directas en función de su facturación. Los autónomos percibirán un pago único de 5.000 euros, mientras que las empresas podrán recibir entre 10.000 y 150.000 euros según su volumen de operaciones en 2025.
En el ámbito laboral, se activan los ERTE por fuerza mayor con exenciones del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social hasta junio de 2026. La norma prohíbe expresamente el despido en las empresas que se acojan a estas ayudas; de producirse, el despido será calificado como nulo y se obligará al reintegro de las subvenciones recibidas. Los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación por cese de actividad sin necesidad de carencia mínima de cotización.
Beneficios fiscales y derechos del consumidor
El Gobierno ha decretado la exención de las cuotas del IBI rústico y urbano para el ejercicio 2026 en los inmuebles dañados, así como reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). También se eliminan las tasas para la renovación del DNI, bajas de vehículos y certificaciones catastrales en las zonas afectadas.
Finalmente, el capítulo VIII de la norma protege a los consumidores suspendiendo por tres meses los plazos de derecho de desistimiento en compras de bienes y servicios. Si el contrato resulta de imposible cumplimiento por el temporal, el usuario podrá elegir entre la resolución del contrato con devolución íntegra del pago en 30 días o el aplazamiento del mismo sin coste adicional.
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