Imagen de recurso: El Estado financia la concesión directa de subvenciones para garantizar la tutela judicial efectiva.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destina más de 54 millones de euros a los consejos generales de la abogacía, la procura y la psicología para garantizar estos servicios públicos.
Por: A. Lagar | Fecha: 9 de febrero de 2026
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 63/2026, de 4 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la prestación de asistencia jurídica gratuita y atención psicológica a víctimas de delitos para el ejercicio 2026. La norma, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), garantiza la financiación de servicios esenciales prestados por los consejos generales de la Abogacía, la Procura y la Psicología, afectando directamente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad o con insuficiencia de recursos para litigar.
Financiación y desglose de las subvenciones para 2026
El nuevo marco normativo establece un presupuesto máximo que se distribuye entre las tres entidades beneficiarias para cubrir las indemnizaciones de las personas profesionales y los costes operativos de los servicios. La inversión total se desglosa de la siguiente manera:
- Consejo General de la Abogacía Española: Recibe 46.418,99 miles de euros para indemnizar a los profesionales del turno de oficio en el ámbito de competencia del Ministerio. Además, se asignan 1.836,00 miles de euros adicionales para financiar impagos del turno de oficio y liquidaciones pendientes desde el último trimestre de 2019.
- Consejo General de los Procuradores de España: Se destinan 5.033,53 miles de euros para las actuaciones profesionales en materia de asistencia jurídica gratuita.
- Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: Percibirá 1.051,80 miles de euros para la asistencia psicológica a víctimas y la realización de pericias psicológicas en procesos judiciales.
Colectivos beneficiarios y actuaciones subvencionables
La concesión directa de estas ayudas se justifica por el carácter singular y el interés público de los servicios, destinados a garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Asistencia jurídica gratuita
La subvención cubre el asesoramiento previo, la asistencia letrada al detenido y la defensa y representación en procedimientos judiciales. Se presta especial atención a colectivos vulnerables identificados en la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa:
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Menores de edad y personas con discapacidad.
- Víctimas de terrorismo y trata de seres humanos.
- Personas de la tercera edad, extranjeros y personas privadas de libertad.
Como novedad, se incluye la asistencia profesional en los medios adecuados de solución de controversias (mediación), conforme a la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuando sea requisito de procedibilidad.
Atención psicológica a víctimas
Las actuaciones se centran en la asistencia especializada prestada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y en las oficinas específicas de la Audiencia Nacional, tanto para víctimas de terrorismo como de otros delitos. El objetivo es restaurar la situación de las víctimas y paliar los efectos del delito mediante un apoyo profesional continuado.
Procedimiento de pago y regularización de atrasos
El Real Decreto establece un sistema de libramiento de pago mensual vencido. Los consejos generales deberán remitir mensualmente al Ministerio una certificación con el número y clase de actuaciones realizadas para tramitar los fondos.
Liquidación de meses pendientes
Debido a los plazos de certificación y cierre del ejercicio presupuestario, la norma incluye disposiciones para abonar actuaciones pasadas:
- Las certificaciones de noviembre y diciembre de 2025 de la Abogacía y la Procura se liquidarán durante el primer trimestre de 2026.
- La subvención correspondiente a diciembre de 2025 para la asistencia psicológica también se hará efectiva en los primeros tres meses de este año.
En total, el real decreto cubrirá 12 certificaciones mensuales: de noviembre de 2025 a octubre de 2026 para la justicia gratuita, y de diciembre de 2025 a noviembre de 2026 para la asistencia psicológica.
Justificación de la concesión directa
El Gobierno ha optado por la concesión directa de subvenciones, prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones, al considerar que la naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva y la urgencia de la asistencia psicológica hacen improcedente una convocatoria pública.
La norma subraya que el Estado es el único responsable de garantizar que quienes no disponen de recursos tengan acceso a la Justicia, configurando este soporte como un servicio público de prestación obligatoria y continuada por parte de los colegios profesionales.
Nuevas unidades administrativas de asistencia
El texto hace referencia a la creación y refuerzo de unidades administrativas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de diversas localidades, incluyendo la Audiencia Nacional y oficinas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Estas unidades se configuran como piezas clave para garantizar los estándares de calidad de la Directiva 2012/29/UE.
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