Las obras de las nuevas viviendas de protección pública en Malilla finalizarán en 2028. Imagen: Ayuntamiento de Valencia
El Ayuntamiento de València y la Generalitat han iniciado la construcción de 91 viviendas de protección pública y alquiler social en el barrio de Malilla. El proyecto, integrado en el Plan Vive, supone una inversión de 12,7 millones de euros para ofrecer inmuebles de entre uno y tres dormitorios con precios que oscilarán entre los 525 y los 840 euros mensuales.
Por: A. Lagar | Fecha: 12 de febrero de 2026.
La alcaldesa de València, María José Catalá, y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, han visitado este jueves el inicio de los trabajos de edificación en una parcela del PAI de Malilla. Esta promoción se desarrolla sobre suelo municipal cedido por el Ayuntamiento a la Generalitat, que a su vez lo ha licitado en derecho de superficie por un periodo de 50 años, prorrogables hasta los 75. La iniciativa forma parte de una estrategia conjunta que ya suma casi 200 viviendas en construcción en la ciudad mediante aportaciones autonómicas.
Detalles de la promoción y plazos de ejecución
El proyecto de Malilla contempla la creación de un bloque residencial donde el 72% de las unidades contará con dos dormitorios, aunque la oferta incluye tipologías de uno a tres habitáculos. Además de las 91 viviendas, el complejo integrará 66 plazas de garaje, 35 trasteros, zonas verdes y espacios comunes para los residentes.
La inversión total de 12,7 millones de euros cuenta con una financiación de 3,94 millones procedentes de fondos europeos. Según el cronograma oficial, las obras de las viviendas de protección pública en Malilla finalizarán en el primer semestre de 2028. Será en ese momento cuando se abra el proceso de adjudicación para los futuros inquilinos.
Contexto del Plan Vive en la ciudad de València
La vicepresidenta Susana Camarero ha señalado que el Plan Vive tiene como objetivo transformar «suelo público parado en vivienda asequible blindada». En la actualidad, la capital valenciana cuenta con 700 viviendas de protección pública activadas bajo este marco normativo. Camarero ha adelantado además que la administración autonómica adjudicará próximamente la construcción de otras 25 viviendas en el antiguo cuartel de ingenieros y licitará 14 inmuebles más en la calle de Largo Caballero, estos últimos bajo un régimen de permuta en otra parcela municipal.
Por su parte, la alcaldesa María José Catalá ha defendido la colaboración público-privada como vía para resolver la crisis habitacional. Catalá ha recordado el compromiso municipal de poner en marcha 1.000 viviendas en la presente legislatura, asegurando que en dos años y medio ya se han iniciado las distintas fases para alcanzar dicho objetivo. Según la alcaldesa, la promoción de viviendas de protección pública en todos los barrios es fundamental para garantizar el acceso de los jóvenes y otros colectivos a un hogar en condiciones de normalidad.
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