Imagen de recurso: El Gobierno solicita a la Fiscalía General del Estado que investigue y persiga la creación de deepfakes y pornografía infantil en las redes sociales.
El Ejecutivo central solicita a la Fiscalía investigar la violencia sexual digital que afecta a menores de edad en las distintas redes sociales. La medida oficial busca perseguir la creación, difusión y monetización de pornografía infantil mediante inteligencia artificial, garantizando la protección de la intimidad y la dignidad del colectivo afectado.
Por: A. Lagar | Fecha: 18 de febrero de 2026.
El Consejo de Ministros ha acordado de manera formal instar a la Fiscal General del Estado a iniciar las investigaciones pertinentes para perseguir los delitos de violencia sexual digital cometidos contra niños, niñas y adolescentes en las plataformas de internet. La solicitud gubernamental se fundamenta en la aplicación del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y tiene como objetivo principal articular una respuesta institucional ante la proliferación de contenidos ilícitos generados mediante nuevas tecnologías.
El anuncio de esta medida ha sido detallado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. La representante institucional ha justificado la decisión advirtiendo que no se puede permitir que los algoritmos amplifiquen o amparen estos delitos, señalando expresamente que «está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad».
Base técnica e implicación de las plataformas
La petición canalizada a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se sustenta en un informe técnico elaborado de forma conjunta por este mismo departamento, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia. Este último organismo ya había emitido una alerta el pasado mes de enero subrayando la necesidad de que el Ministerio Fiscal estudiase la comisión de estos ilícitos.
El documento técnico analiza las responsabilidades penales derivadas de prácticas recurrentes en el entorno online, prestando especial atención a la generación y distribución de pornografía infantil a través de ultrafalsificaciones, conocidas técnicamente como deepfakes. Asimismo, el informe expone la gravedad de la manipulación de fotografías reales para crear imágenes de contenido sexual explícito diseñadas para menoscabar la dignidad de las víctimas.
El análisis gubernamental señala de forma directa la posible participación y responsabilidad de las propias redes sociales en la ejecución de estos hechos. El texto argumenta que la arquitectura técnica de estas plataformas permite una difusión masiva de los archivos, operando con una velocidad y una opacidad que dificultan severamente las labores de detección y persecución policial. A su vez, advierten que este entorno favorece la articulación de redes organizadas que no solo producen y comparten los archivos, sino que logran monetizar económicamente estos contenidos.
Peticiones formales a la Fiscalía y datos de impacto
En el escrito oficial remitido «en defensa del interés público, la seguridad y dignidad de la infancia española en su conjunto», el Gobierno solicita a la Fiscalía que, respetando su autonomía y tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, analice los hechos probados y ejerza las acciones penales correspondientes. Además, el Ejecutivo requiere el establecimiento de criterios de actuación unificados y medidas concretas que permitan a las víctimas, así como a sus tutores y representantes legales, hacer valer sus derechos fundamentales ante el Ministerio Público.
El documento institucional expone el surgimiento de un nuevo ecosistema de riesgo para la explotación sexual, derivado de la convergencia entre la Inteligencia Artificial (IA) generativa y el uso generalizado de las redes sociales. Según los registros aportados por la Comisión Europea, el 98% de los deepfakes documentados poseen un carácter estrictamente pornográfico.
La magnitud del problema queda reflejada en los datos recopilados por la organización Save the Children, que certifican que una de cada cinco personas jóvenes en España —con especial incidencia estadística en niñas y adolescentes— afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos generados mediante IA durante su etapa como menores de edad. Los mismos registros indican que un tercio de este sector poblacional asegura haber padecido situaciones de acoso sexual digital durante su infancia. Ante estas cifras, el acuerdo del Consejo de Ministros argumenta que «la evidente impunidad con la que se actúa en el ámbito de internet y de las redes sociales obliga a que las instituciones públicas recurran a todos los mecanismos existentes».
Investigaciones internacionales y marco regulatorio
Con la formalización de esta solicitud, el Gobierno de España equipara sus procedimientos a las diligencias iniciadas por distintos países e instituciones a nivel internacional. En el ámbito europeo, la fiscalía de Francia mantiene una investigación abierta contra la plataforma X por la generación de deepfakes de índole sexual. Por su parte, la autoridad de protección de datos de Italia ha notificado que estas prácticas pueden derivar en responsabilidades penales directas para las empresas tecnológicas.
A escala comunitaria, la Comisión Europea investiga actualmente los sistemas Grok y TikTok bajo el amparo de la Digital Service Act (DSA). Estos expedientes se suman a los procedimientos sancionadores iniciados en 2024 contra las corporaciones Meta y TikTok por la difusión sistemática de contenidos ilícitos. Más allá de la Unión Europea, las administraciones competentes de Reino Unido, Malasia, Indonesia, Kenia y diversos estados de Estados Unidos también han abierto diligencias judiciales por estos mismos hechos.
Esta intervención ante la Fiscalía General del Estado constituye la primera de las acciones operativas incluidas en el paquete de medidas para regular las redes sociales. Dicho plan fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en la Cumbre de Gobiernos celebrada a principios de febrero en Dubái, donde fijó el objetivo de ordenar un espacio digital en el que, según sus declaraciones, las leyes son ignoradas.
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