Imagen de recurso utilizada para ilustrar el proceso de investigación judicial.
El tribunal considera «prematuro» el archivo de la causa y ve indicios de trata de seres humanos, matrimonio forzado y abandono escolar en el caso de la adolescente localizada en Lleida.
Por: Redacción | Fecha: 27 de enero de 2026
La presunta venta de una menor de 14 años a cambio de 5.000 euros vuelve a estar en el centro de la investigación judicial. La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha ordenado reabrir el caso, revocando el archivo provisional dictado en noviembre por un juzgado de Tudela. Los magistrados consideran que existen indicios sólidos de criminalidad contra los padres de la adolescente y la familia que la «compró», apuntando a delitos de trata de seres humanos, coacciones y matrimonio forzado.
Según el auto judicial, los padres habrían vendido a su hija en enero de 2025 a un matrimonio residente en Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo de 21 años. La decisión de la Audiencia atiende al recurso de la Fiscalía, calificando el cierre de la investigación como «absolutamente prematuro» ante la gravedad de los hechos.
Mendicidad, falta de escolarización y una «boda»
La Audiencia enumera una serie de indicios inquietantes que obligan a continuar con las pesquisas. La menor fue localizada viviendo con la familia del «novio» en Cataluña, mientras sus padres residían en Zaragoza. Aunque los investigados alegaron que cuidaban de ella porque sus progenitores tenían «mucho trabajo» y que iba a estudiar allí, la realidad era muy distinta: la niña no estaba escolarizada, incumpliendo la obligación legal y constitucional de educación.
Más grave aún, los Mossos d’Esquadra identificaron a la menor en dos ocasiones (septiembre y octubre de 2025) pidiendo limosna y encarándose con viandantes en las localidades de Bellpuig y Borges Blanques.
Además, un testigo clave aportó pruebas visuales determinantes: fotografías extraídas de Facebook donde aparece la menor junto a su «presunto marido» y los suegros celebrando el festejo de su boda. Este testigo, que facilitó el dato del precio de la venta (5.000 euros), ha recibido amenazas por parte del entorno de la menor.
La víctima no se reconoce como tal
Uno de los puntos clave del auto es la respuesta del tribunal ante la declaración de la adolescente. El hecho de que la menor «no se reconozca como víctima de delito» no implica que no lo sea. La Sala subraya que la protección a la víctima no depende de su autopercepción, especialmente en contextos de vulnerabilidad y posible manipulación familiar.
El tribunal ha ordenado al juez instructor practicar nuevas diligencias urgentes:
- Tomar declaración al testigo amenazado que destapó la venta y la boda.
- Solicitar informes a los Mossos d’Esquadra sobre el «modus vivendi» y posibles actividades delictivas de la familia de acogida.
- Recabar un informe social de los servicios de base de Corella (Navarra) para analizar el entorno familiar y escolar de la niña.
Fuente: Fuente: Sala de Prensa Poder Judicial. Nota prensa 26.01.2026.
La Lupa: La protección por encima
Este caso pone de manifiesto una realidad que no debería de existir. La Justicia acierta al recordar que un menor de 14 años es sujeto de protección absoluta. Que la niña no se sienta víctima es habitual en estos contextos de coerción cultural y familiar; por eso, el Estado debe intervenir de oficio para ayudar a que pueda tener un futuro y una educación.
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