Recreación artística de una empleada pública atendiendo a un ciudadano.
El nuevo Acuerdo Marco establece una hoja de ruta para las retribuciones de más de tres millones de trabajadores del sector público, con incrementos fijos anuales y cláusulas vinculadas a la evolución del IPC.
Por: A. Lagar | Fecha: 16 de enero de 2026
El sueldo de los empleados públicos experimentará una revalorización progresiva del 11% en el periodo comprendido entre 2025 y 2028. Este incremento es el eje central del nuevo «Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía», suscrito por el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. El pacto no solo aborda la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración, sino que busca fortalecer la capacidad institucional y reducir la temporalidad en un contexto de relevo generacional y transformación tecnológica.
Calendario de subidas: Del 2,5% inicial al 11% total
La mejora salarial se ha estructurado de forma escalonada para adaptarse a la situación económica. Tras el incremento del 2,5% aplicado en 2025, el calendario previsto para los próximos ejercicios queda fijado de la siguiente manera:
- 2026: Subida del 2%.
- 2027: Incremento fijo del 4,5%.
- 2028: Aumento final del 2%.
Esta senda continúa el camino iniciado con el pacto anterior (2022-2024), donde se aplicaron cláusulas de compensación por la inflación y la evolución del PIB, consolidando una tendencia de estabilidad para las nóminas del sector público.
¿Cómo se aplicará el incremento en 2026?
Para el año 2026, la subida del sueldo de los empleados públicos tendrá una estructura particular. El incremento del 2% se dividirá en dos tramos: un 1,5% fijo que se abonará durante el año y un 0,5% adicional que se hará efectivo en el primer trimestre de 2027. Este último porcentaje está condicionado a que la variación interanual del IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%, funcionando como una salvaguarda frente al coste de la vida.
Más de 3 millones de beneficiarios en toda España
Esta medida tiene un impacto masivo, alcanzando a más de tres millones de trabajadores, entre funcionarios, personal laboral y otros asalariados del sector público. La distribución de los beneficiarios se concentra principalmente en las comunidades autónomas, que gestionan servicios básicos como sanidad y educación, seguidas de las entidades locales y la Administración Central.
Modernización y nuevas medidas para la Función Pública
Más allá del aspecto económico, el acuerdo introduce cambios estructurales para mejorar la calidad del servicio. Entre las novedades destacan la eliminación de la tasa de reposición para agilizar las Ofertas de Empleo Público, la mejora de la promoción interna y un plan de capacitación en Inteligencia Artificial. Asimismo, se revisarán al alza las indemnizaciones por servicio y los complementos de residencia para el personal desplazado, además de crear un nuevo Observatorio del Empleo Público.
Opinión: 🔍 LA LUPA
La actualización del sueldo de los empleados públicos hasta 2028 es un paso para garantizar que los servicios esenciales no pierdan calidad por el desgaste. Sin embargo, más allá del porcentaje de subida, lo relevante aquí es la transición hacia un modelo que vincula el salario a la realidad del IPC.
Este acuerdo también pone sobre la mesa una realidad económica ineludible: la administración necesita atraer talento. Con un relevo generacional masivo a la vista y sectores privados compitiendo por perfiles digitales, mejorar las retribuciones es una vía para evitar la fuga de profesionales cualificados.
Más allá de la inversión en condiciones económicas, el sistema requiere una modernización profunda que rescate al ciudadano del actual laberinto burocrático. La apertura de esta mejora salarial debe ser el vehículo para simplificar procesos que hoy resultan farragosos y excesivamente lentos. Es fundamental que este incremento en el gasto público traiga consigo una agilidad real en la tramitación, sustituyendo la acumulación de papeles por soluciones digitales que garanticen un entendimiento claro y una respuesta rápida. Solo si estas mejoras económicas se traducen en una administración más accesible y eficiente, el beneficio será completo para el conjunto de la sociedad.
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