Imagen de recurso: Información de la revalorización anual de las prestaciones.
El Consejo de Ministros da luz verde a la revalorización anual vinculada al IPC, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. La subida de las pensiones beneficiará a 13 millones de perceptores, aplicando un incremento mayor a las prestaciones no contributivas, de viudedad con cargas y al Ingreso Mínimo Vital.
Por: A. Lagar | Fecha: 11 de febrero de 2026
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante Real Decreto-Ley, la revalorización de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado para el presente ejercicio. La medida, ratificada el pasado 3 de febrero de 2026, consolida el mecanismo de actualización de rentas en función de la evolución de los precios, estableciendo una subida de las pensiones contributivas del 2,7% con carácter general.
Esta revalorización, que será efectiva desde el 1 de enero de 2026, toma como referencia la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Se trata del quinto año consecutivo en el que se aplica la fórmula consensuada con los agentes sociales en la Ley 20/2021 para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del colectivo. La serie histórica reciente refleja incrementos del 2,8% en 2025, del 3,8% en 2024, del 8,5% en 2023 y del 2,5% en 2022.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que esta actualización alcanzará a cerca de 13 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones. En los próximos días, los beneficiarios recibirán una carta oficial comunicando el importe exacto de su nueva nómina mensual y los atrasos correspondientes al mes de enero.
Topes máximos y protección de rentas mínimas
A la espera de la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, el Gobierno ha fijado el nuevo techo del sistema. El límite máximo de percepción para las pensiones públicas se sitúa en 3.359,60 euros mensuales, lo que equivale a un total anual de 47.034,40 euros distribuidos en catorce pagas.
Sin embargo, el aspecto más destacado de la nueva norma es el tratamiento diferenciado para los colectivos más vulnerables. El Ejecutivo ha aplicado una subida superior a la inflación media para las pensiones mínimas y no contributivas, con el objetivo de reducir la brecha de pobreza. En concreto, las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares experimentarán un incremento del 11,4%. Este mismo porcentaje se aplicará a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Con esta actualización, las cuantías mínimas garantizadas para jubilados de 65 años o más quedan establecidas de la siguiente manera:
- Con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros anuales.
- Sin cónyuge a cargo: 12.441,80 euros anuales.
Para los jubilados menores de 65 años, la pensión mínima será de 11.590 euros anuales, ascendiendo a 17.592,40 euros si tienen cónyuge a cargo.
Para que se reconozcan estos complementos a mínimos, la normativa establece unos límites de ingresos personales. En 2026, estos umbrales se sitúan en 9.442 euros al año para beneficiarios sin cónyuge a cargo y en 11.013 euros anuales para quienes sí lo tienen.
Pensiones no contributivas y SOVI
Las prestaciones no contributivas de invalidez y jubilación, gestionadas por las comunidades autónomas y el Imserso, se fijan para este año en un importe anual de 8.803,20 euros.
Por su parte, las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) también experimentan un repunte superior a la media, revalorizándose un 7,07%. Esto sitúa su cuantía en 599,60 euros mensuales para aquellas prestaciones no concurrentes con otras pensiones públicas, y en 582,10 euros para las concurrentes.
El decreto contempla asimismo actualizaciones en las prestaciones familiares. La asignación económica por hijo a cargo o menor con discapacidad igual o superior al 65% alcanza los 5.962,80 euros anuales. En los casos de discapacidad igual o superior al 75%, la ayuda se eleva hasta los 8.942,40 euros. Adicionalmente, el complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas queda establecido en 36,90 euros mensuales por hijo.
En lo referente a las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, la norma dicta que experimentarán un incremento idéntico al que se apruebe para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en 2026.
Financiación y sostenibilidad del sistema
La subida de las pensiones se enmarca en un contexto de reformas dirigidas a equilibrar los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Según las fuentes gubernamentales, la mejora de los ingresos del sistema, impulsada por la creación de empleo y la calidad de la contratación, permite afrontar estos incrementos.
Para reforzar la sostenibilidad financiera a largo plazo, en 2026 continúan aplicándose mecanismos de recaudación específicos:
- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): La cotización por este concepto se establece este año en el 0,9%. El coste se reparte entre la empresa, que asume el 0,75%, y el trabajador, que aporta el 0,15%.
- Cuota de solidaridad: Aplicable a los salarios más altos que exceden la base máxima de cotización. Esta cuota, que comenzó a operar en 2025, tiene un carácter progresivo y su tipo se incrementará gradualmente cada año hasta alcanzar su nivel definitivo en 2045.
Desde el Gobierno aseguran que el marco legal actual proporciona estabilidad y garantiza que el sistema público «responde, protege y cumple sus compromisos» tanto con los pensionistas actuales como con las generaciones futuras.
🔍 La Lupa: ¿Cómo se calcula la revalorización?
La Ley 20/2021 modificó el sistema de cálculo para evitar que el poder adquisitivo de los jubilados dependiera de la voluntad política de cada gobierno. Desde entonces, la revalorización se calcula matemáticamente: se toma la media de las tasas interanuales del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre del año anterior (en este caso, de diciembre de 2024 a noviembre de 2025). El resultado de esa media es el porcentaje exacto que se aplica a las nóminas, blindando así las rentas frente a la inflación.
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