Imagen de recurso: La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes en obradores de pan.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes en la provincia de Palencia y Alicante. La operación ha permitido la liberación de doce personas que trabajaban jornadas de hasta 17 horas en condiciones de insalubridad extrema, resultando en la detención de cinco individuos y la clausura de dos centros de producción.
Por: A. Lagar | Fecha: 9 de febrero de 2026
La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Inspección de Trabajo de Palencia, ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal presuntamente responsable de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La intervención policial ha culminado con la liberación de doce víctimas y la detención de cinco personas, cuatro de ellas en la provincia de Palencia y una en Alicante, entre las que figuran los dos principales cabecillas de la red.
Los hechos han tenido lugar en las localidades palentinas de Aguilar de Campo y Ampudia, donde la organización gestionaba dos obradores de pan y pastelería que han sido clausurados por orden judicial tras constatarse las graves irregularidades que allí se cometían.
Jornadas maratonianas y condiciones ambientales extremas
La investigación ha revelado un escenario de precariedad absoluta en el que las víctimas eran sometidas a jornadas de trabajo que oscilaban entre las 10 y las 17 horas diarias. Esta actividad se desarrollaba todos los días de la semana, sin derecho a descanso semanal, sin periodos vacacionales y sin recibir la compensación económica legalmente establecida por su trabajo.
Las condiciones físicas de los centros de trabajo han sido descritas por los investigadores como infrahumanas. En el interior de los obradores, las temperaturas superaban habitualmente los cuarenta grados. Lejos de mitigar esta situación, el empresario prohibía expresamente la apertura de puertas y ventanas, agravando el estrés térmico de los trabajadores. Esta situación obligaba a las víctimas a desnudarse durante su turno para poder soportar el calor extremo mientras realizaban las labores de panadería y repostería.
A la dureza de las condiciones laborales se sumaba un entorno de grave insalubridad. Las inspecciones han certificado deficiencias higiénico-sanitarias severas en las instalaciones, documentando la presencia de insectos y roedores en las zonas de producción de alimentos, lo que evidencia una falta absoluta de medidas de salubridad en la manipulación de los productos.
Mecanismo de captación y fraude administrativo
El entramado criminal basaba su funcionamiento en el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros. La investigación policial, iniciada en junio del año pasado tras detectarse las primeras irregularidades, ha permitido desgranar el modus operandi utilizado para la captación y control de las víctimas.
El método comenzaba con la gestión de trámites administrativos fraudulentos. La organización obtenía certificados de insuficiencia de candidatos emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Estos documentos oficiales eran posteriormente utilizados como base para tramitar las autorizaciones de residencia y trabajo de las víctimas.
Para acceder a esta gestión, la red exigía a los migrantes pagos en efectivo que oscilaban entre los 15.000 y los 20.000 euros. Estas cantidades eran canalizadas a través de intermediarios antes de la llegada de los trabajadores a España o durante su estancia.
Coacción, amenazas y vigilancia permanente
Una vez las víctimas se encontraban trabajando en los obradores, la organización desplegaba un sistema de control férreo basado en el miedo. Los trabajadores eran sometidos a presiones constantes y amenazas directas. Los responsables de la red les advertían de que, en caso de no cumplir estrictamente con las condiciones abusivas impuestas, se iniciarían los trámites para la revocación de sus permisos de residencia y trabajo. Esta amenaza conllevaba el riesgo directo de que las víctimas perdieran su situación administrativa regular y fueran deportadas a sus países de origen.
Para asegurar la impunidad de sus acciones, los trabajadores eran aleccionados sistemáticamente sobre cómo actuar ante la presencia de las autoridades. Se les instruía para no abrir la puerta a la Policía y para mentir en caso de ser interrogados por la Inspección de Trabajo. Además, el control se ejercía mediante sistemas de videograbación instalados en los lugares de trabajo, manteniendo a las víctimas bajo una vigilancia continua que generaba un clima permanente de coacción.
Situación habitacional y resultados del operativo
La explotación se extendía más allá del ámbito laboral. Parte de las víctimas residía en viviendas que habían sido ocupadas por el empresario o que eran colindantes a los obradores. En estos alojamientos, las facturas de los suministros debían ser abonadas por el auténtico propietario del inmueble, quien también era objeto de coacciones por parte de los miembros de la organización criminal.
El dispositivo final de la Policía Nacional ha incluido cinco registros simultáneos: tres en domicilios particulares y dos en los mencionados obradores de panadería. Durante los registros se han intervenido 3.000 euros en efectivo y abundante documentación que está siendo analizada por los investigadores.
Tras el análisis del material incautado, las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días con el objetivo de lograr la completa erradicación de la estructura delictiva. La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, bajo la campaña «Con la trata no hay trato».
La información es de carácter informativo y no tiene efectos jurídicos vinculantes.
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