Imagen de recurso: Labores de recuperación tras el paso de un temporal.
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil para las áreas de catorce comunidades autónomas y Ceuta golpeadas por el temporal. La medida cubre 76 episodios catastróficos registrados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, abriendo la vía a compensaciones económicas y beneficios fiscales.
Por: A. Lagar | Fecha: 11 de febrero de 2026
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha aprobado este martes la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil —figura anteriormente conocida como zona catastrófica— para aquellos territorios que han sufrido las consecuencias de los fenómenos meteorológicos adversos de los últimos tres meses. El acuerdo abarca un total de 76 episodios distintos registrados entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, periodo caracterizado por una inestabilidad atmosférica persistente que ha dejado daños cuantiosos en infraestructuras, bienes privados y servicios públicos.
La medida extiende su cobertura a comarcas pertenecientes a catorce comunidades autónomas y a la Ciudad Autónoma de Ceuta. El Ejecutivo ha justificado esta decisión en la necesidad de ofrecer una respuesta estatal que complemente las actuaciones de las administraciones territoriales, facilitando así el restablecimiento de la normalidad en las zonas impactadas por lluvias intensas, vientos huracanados, nevadas y fenómenos costeros.
Excepcionalidad para Galicia y Ceuta
El criterio general para esta declaración se basa en las 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) que obligaron a las autoridades autonómicas a activar sus planes de protección civil en situación operativa 1 o 2. Sin embargo, el acuerdo introduce una novedad técnica relevante al incluir, de manera excepcional, determinados sucesos acaecidos en Galicia y Ceuta que no alcanzaron dichos niveles de alerta.
En estos casos específicos, aunque la situación operativa no superó la fase de preemergencia (nivel 0), el Gobierno ha validado su inclusión debido a la «concatenación de borrascas» y la reiteración de episodios adversos en un margen de tiempo muy reducido. Se ha tenido en cuenta la constancia de daños acumulados sobre la población y las infraestructuras, entendiendo que la sucesión continua de impactos justifica una respuesta extraordinaria por parte del Estado.
Cronología de una inestabilidad continuada
El informe que sustenta el acuerdo detalla una secuencia climática marcada por la sucesión de frentes atlánticos. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, la Península sufrió el impacto de la borrasca ‘Emilia’, que afectó severamente a infraestructuras viarias y zonas litorales de Andalucía, la Región de Murcia, Cataluña, Galicia y Baleares.
Ya en enero de 2026, la inestabilidad se mantuvo con la llegada de la borrasca ‘Francis’, que trajo consigo nevadas y precipitaciones relevantes. A este frente le siguió una cadena de temporales vinculados a las borrascas ‘Harry’, ‘Ingrid’, ‘Joseph’ y ‘Kristin’. Estos fenómenos provocaron una ola de frío, viento y alteraciones significativas en la movilidad y los servicios esenciales en comunidades como Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Cataluña.
El ciclo se cerró a comienzos de este mes de febrero con las borrascas ‘Leonardo’ y ‘Marta’. Esta última ha agravado la situación en zonas que ya se encontraban vulnerables por los impactos anteriores, generando nuevos riesgos hidrometeorológicos. Además de los factores climáticos, el acuerdo también integra otras emergencias de protección civil ocurridas en este periodo, tales como incendios forestales, incidentes industriales y químicos —como el registrado en Tarragona— y accidentes en el transporte de mercancías.
Catálogo de ayudas del Ministerio del Interior
La declaración oficial activa el procedimiento para que los damnificados puedan solicitar las ayudas contempladas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Estas subvenciones, gestionadas por el Ministerio del Interior, están dirigidas a paliar daños personales, así como daños materiales en viviendas y enseres de primera necesidad.
También pueden optar a estas ayudas las corporaciones locales que hayan tenido que hacer frente a gastos extraordinarios, así como los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios que hayan sufrido desperfectos. Asimismo, se contempla la subvención para personas físicas o jurídicas que hayan prestado bienes o servicios personales para responder a la emergencia.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior ha anunciado que estudiará la exención de tasas de la Jefatura Central de Tráfico para la tramitación de bajas de vehículos siniestrados o la expedición de duplicados de permisos de conducción y circulación, así como las tasas correspondientes a la renovación del DNI extraviado o dañado durante los sucesos.
Beneficios fiscales y apoyo a infraestructuras municipales
La declaración habilita a otros departamentos ministeriales para desplegar medidas de su competencia. En el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los afectados. Las ayudas por daños personales estarán exentas del IRPF.
Por su parte, el Ministerio de Política Territorial concederá ayudas a las entidades locales para la reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales, financiando hasta el 50% del coste de los proyectos.
En el plano laboral, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social podrán establecer bonificaciones y exenciones de cuotas a la Seguridad Social para empresas y trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto paralizada o gravemente afectada. Finalmente, en materia de contratación pública, se permitirá considerar de emergencia las obras de reparación de infraestructuras de titularidad pública, agilizando los trámites administrativos y la ocupación de terrenos para las ejecuciones necesarias.
Todas estas medidas quedan condicionadas a la acreditación formal de los daños ante los departamentos competentes y tienen carácter subsidiario, complementando a las ayudas que puedan ofrecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
🔍 La Lupa: El efecto acumulativo
Lo singular de este acuerdo reside en el reconocimiento del daño acumulativo. A diferencia de un gran terremoto o una riada puntual, las borrascas de los últimos tres meses (‘Emilia’, ‘Francis’, ‘Harry’…) han actuado por desgaste. La inclusión de zonas en Galicia y Ceuta que no activaron grandes alertas refleja un cambio de criterio técnico: una lluvia moderada sobre un terreno ya saturado o una infraestructura debilitada por tres temporales previos puede causar una emergencia real que los baremos estándar de alerta única no detectan, pero que requiere igualmente del apoyo financiero del Estado.
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