Frente jurídico de ETA ha recibido la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, según informa Comunicación del Poder Judicial, confirmando las condenas para cuatro de sus integrantes por mantener el vínculo entre los presos y la dirección de la banda terrorista. Las penas oscilan entre el año y medio y los 7 años y medio de cárcel, ratificando que su labor excedía la mera defensa jurídica.
Por: Alejandra L. | Fecha: 8 de enero de 2026
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme sobre las actividades del brazo legal de ETA entre los años 2005 y 2010. El alto tribunal ratifica que los acusados no solo ejercían como abogados, sino que transmitían directrices de la organización terrorista a los reclusos.
Condenas principales y zulos de explosivos
La mayor pena recae sobre la abogada A. Z., confirmada en 7 años y medio de prisión. El tribunal la considera responsable de integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos. En su despacho se halló un pendrive con croquis de tres zulos en Francia que contenían fusiles de asalto y 92 kg de precursores explosivos.
Por su parte, J. E. ha sido condenado a 4 años de cárcel. La sentencia destaca su implicación en la obtención de recursos económicos mediante coacciones y el suministro de información operativa a ETA sobre posibles objetivos.
Rebajas de pena por roles subordinados
El Supremo ha estimado parcialmente los recursos de otros dos implicados al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad y no se constató conexión con actividades violentas:
- N. Z.: Rebaja de 3 años y medio a 2 años de prisión.
- I. S.: Rebaja de 3 años a 1 año y seis meses de prisión.
A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el proceso judicial se ha alargado significativamente desde las detenciones producidas en 2010.
LA LUPA 🔎 La delgada línea roja
Esta sentencia cierra un capítulo clave sobre el entramado de apoyo a ETA, dejando claro que el derecho a la defensa no puede servir de escudo para actuar como correo de una banda terrorista. Lo más relevante no es solo la confirmación de las penas, sino el detalle fáctico de cómo una estructura supuestamente jurídica custodiaba información sobre armas de guerra y seleccionaba futuros objetivos.