Imagen de recurso: Revisión de cartografía y datos inmobiliarios.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el acuerdo firmado entre la Dirección General del Catastro y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. El texto regula la colaboración técnica para tramitar declaraciones, corregir discrepancias cartográficas y facilitar información sobre el mercado inmobiliario.
Por: A. Lagar | Fecha: 11 de febrero de 2026
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro, ha dado luz verde al marco de colaboración administrativa con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPI). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución que valida el nuevo convenio, suscrito el pasado 3 de febrero, cuyo propósito es optimizar la gestión catastral en la provincia mediante la implicación directa de los profesionales del sector en los procedimientos tributarios y administrativos.
Este nuevo instrumento jurídico sustituye al anterior acuerdo vigente desde el año 2008, actualizando los protocolos de actuación a la realidad tecnológica actual y a las normativas recientes sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público. El documento lleva la firma del director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz, y del presidente del Colegio valenciano, Alfredo Antonio Cano Boluda.
Puntos de Información y tramitación electrónica
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la habilitación del Colegio para gestionar un Punto de Información Catastral (PIC). Esta figura permite que la sede colegial, o sus delegaciones territoriales, actúen como una ventanilla de atención donde los ciudadanos pueden acceder a información protegida de sus inmuebles, siempre que otorguen el consentimiento expreso.
Más allá de la consulta de datos, el convenio profundiza en la «encomienda de gestión». Esta modalidad administrativa faculta a los agentes de la propiedad para actuar en nombre de sus clientes en la confección y presentación de declaraciones catastrales. Los colegiados utilizarán los asistentes electrónicos oficiales para tramitar alteraciones en los inmuebles, asegurando que la información que llega a la base de datos del Ministerio cumple con los requisitos técnicos exigidos.
El texto especifica que los profesionales deberán verificar, antes de presentar cualquier declaración, que la alteración física o jurídica del inmueble no ha sido ya incorporada al Catastro o está en proceso de comunicación por otras vías, evitando así duplicidades administrativas.
Validación gráfica y corrección de mapas
La colaboración técnica adquiere especial relevancia en el ámbito cartográfico. El acuerdo establece que el Colegio pondrá a disposición del Catastro la documentación gráfica digital georreferenciada de los inmuebles en los que intervengan sus colegiados. Esta información deberá incluir la referencia catastral, las superficies y los usos, ajustándose a los sistemas geodésicos oficiales.
Para garantizar la precisión de estos datos, los agentes tendrán acceso a las aplicaciones informáticas que permiten obtener el Informe de Validación Gráfica (IVG). Este documento es esencial cuando las alteraciones físicas de una finca afectan al parcelario catastral. Además, el convenio contempla el envío de información complementaria como actas de deslinde contradictorio con la conformidad de los colindantes, certificaciones de final de obra o fotografías de fachadas, elementos clave para mantener actualizada la descripción de los bienes inmuebles urbanos y rústicos.
Transparencia de mercado y valores de referencia
Otro de los compromisos adquiridos por el colectivo profesional es la colaboración en la transparencia del mercado inmobiliario. El Colegio se compromete a facilitar telemáticamente a la Dirección General del Catastro información sobre los precios de oferta en las transacciones de compraventa y alquiler en las que medien sus colegiados, así como datos derivados de las peritaciones que realicen.
Esta información es un insumo crítico para que Hacienda pueda ajustar sus modelos de valoración y determinar con mayor precisión el valor de referencia de los inmuebles. Asimismo, los agentes comunicarán las discrepancias que detecten entre la realidad física del inmueble y su descripción catastral, especialmente cuando estas diferencias afecten al cálculo de dicho valor fiscal.
Notificaciones y seguridad jurídica
El convenio busca agilizar los tiempos de respuesta de la Administración. Se establece que los agentes que presenten declaraciones en nombre de sus clientes podrán ser destinatarios de las notificaciones electrónicas derivadas de esos expedientes. Del mismo modo, el Colegio promoverá el uso de la clave concertada para que los ciudadanos puedan acceder a sus notificaciones de forma segura.
El acuerdo también refuerza la obligación legal de consignar la referencia catastral en los negocios jurídicos. Los agentes velarán por la inclusión de este código identificativo en los contratos de arras, compraventa y arrendamiento en los que intervengan, contribuyendo a la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.
Vigencia y formación continua
El convenio, que no conlleva contraprestación económica alguna ni transferencia de fondos entre las partes, tiene una vigencia inicial hasta el 3 de febrero de 2027. No obstante, el texto contempla la posibilidad de prórrogas tácitas anuales si ninguna de las partes denuncia el acuerdo.
Para asegurar la correcta implementación de estas medidas, se constituirá una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, presidida por la Gerencia Regional del Catastro de Valencia. Este órgano será el encargado de diseñar planes de formación anuales para los colegiados, centrados en el manejo de las herramientas gráficas y los procedimientos de subsanación de discrepancias.
🔍 La Lupa: Los ojos del Catastro en el mercado
Este convenio convierte a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en colaboradores necesarios para la fiabilidad del dato fiscal. Al reportar los precios reales de oferta y las características físicas exactas de los inmuebles que gestionan, el Catastro nutre su base de datos no solo con información burocrática, sino con datos de mercado verificados. Esto repercute directamente en la calidad del «Valor de Referencia», la base imponible que determina impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones.
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