Imagen de recurso: La primera pieza del "caso Mediador" se salda con tres condenas.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado, en la primera pieza del caso Mediador, a un exgeneral de la Guardia Civil, a un empresario y a un intermediario por un delito continuado de cohecho. La sentencia considera probado que el mando militar recibió dinero y dádivas en atención a su cargo.
Por: A. Lagar | 4 de marzo de 2026
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha notificado la sentencia de la primera pieza del ‘caso Mediador’ que llega a juicio oral. El fallo impone nueve meses de prisión al general y al empresario implicado, mientras que el mediador ha sido condenado a cuatro meses y quince días de cárcel. Los tres han sido declarados responsables de un delito continuado de cohecho (soborno).
Trama de sobornos y entregas de efectivo
Los hechos probados se remontan al periodo entre agosto y noviembre de 2020. Según la resolución, el intermediario contactó con el empresario presentándose como un mediador con amplios contactos en los ámbitos público y empresarial de Canarias, ofreciéndole facilitar la obtención de contratos ventajosos.
En este marco, y de común acuerdo con el general de la Guardia Civil —quien se encontraba en situación de servicios especiales—, se organizaron encuentros para propiciar negocios favorables al empresario. El tribunal declara acreditado que el empresario realizó cinco entregas de dinero en efectivo al mediador por un valor total de 13.500 euros, cantidades que posteriormente eran repartidas con el alto mando.
Obsequios en atención al cargo
Además del efectivo, la sentencia detalla otros beneficios sufragados por el empresario:
- Gastos de restauración: Una comida en Madrid por importe de 402,90 euros.
- Viajes: El pago de vuelos, hotel y alquiler de vehículo para un viaje del general y su acompañante a Fuerteventura en noviembre de 2020.
La resolución judicial considera que estas entregas y obsequios se realizaron «en atención al cargo y a las funciones públicas» del general. El fallo asevera que el mando militar aceptó estos beneficios sabiendo que le eran entregados por su posición institucional, actuando con desprecio a los principios de la función pública para conseguir fines ilícitos.
Intencionalidad corruptora
El tribunal concluye que el empresario actuó con la voluntad de corromper al alto mando y que el intermediario operó con la misma finalidad, sirviendo de enlace para la recepción y reparto del dinero. Por su parte, el general aceptó dinero y beneficios en atención a su cargo, aprovechando su posición institucional para favorecer los intereses del empresario.
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