La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Fuente: La Moncloa
La ministra de Vivienda impulsa la licitación de nuevas promociones públicas, la adquisición de inmuebles por 100 millones de euros y propone gravar con el 21% de IVA a los pisos turísticos.
Por: A. Lagar | Fecha: 02 de febrero de 2026
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que CASA 47, la Entidad Pública de Vivienda, licitará durante este primer trimestre de 2026 la construcción de 2.800 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible. Estas unidades, que se desarrollarán mediante fórmulas de colaboración público-privada, se suman a las más de 1.600 impulsadas el pasado año, con el objetivo de ampliar de forma estructural el parque público residencial en España y dar respuesta a la demanda social de precios controlados.
Durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso, Rodríguez ha subrayado que la política de Estado debe centrarse en blindar el parque público para evitar cualquier tipo de especulación futura. En este sentido, la entidad adscrita al Ministerio no solo se centrará en la nueva construcción, sino que activará próximamente una partida de 100 millones de euros para la adquisición directa de viviendas, además de continuar con la adecuación de los activos transferidos por la Sareb.
Regulación del alquiler de temporada y medidas fiscales
La ministra ha instado a los grupos parlamentarios a alcanzar consensos urgentes para regular modalidades que actualmente escapan al control de la Ley de Vivienda, como los alquileres de temporada y por habitaciones. Entre las propuestas fiscales más ambiciosas puestas sobre la mesa para desincentivar el uso lucrativo excesivo de la vivienda, destacan:
- Pisos turísticos: Aplicación de un 21% de IVA a esta actividad para equipararla a otras ofertas alojativas y reducir la presión en los barrios.
- Viviendas vacías: Incremento de la carga fiscal para movilizar estos inmuebles hacia el mercado del alquiler.
- Inversores extracomunitarios: Aumento de los impuestos para la compra de viviendas por parte de ciudadanos no residentes fuera de la Unión Europea.
Rodríguez también ha defendido la prórroga del escudo social, rechazando los discursos que vinculan la vulnerabilidad económica con la inseguridad, y ha recordado que el derecho a una vivienda digna es un mandato constitucional que debe protegerse por encima de intereses partidistas.
Para avalar la eficacia de las políticas actuales, la titular de Vivienda ha aportado datos públicos procedentes de la Comunidad Foral de Navarra. Según los registros oficiales, tras los primeros seis meses de aplicación de la ley en 21 municipios declarados como zonas de mercado tensionado, los precios del alquiler han experimentado una contención del 8,6%.
La ministra ha destacado que, a pesar de la bajada de precios, la oferta de inmuebles en estas zonas se ha mantenido estable, lo que a su juicio demuestra que «la Ley de Vivienda funciona». Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las comunidades autónomas para que publiquen sus datos oficiales con transparencia, criticando el uso de informes procedentes de portales privados cuyos intereses mercantiles pueden sesgar la realidad del mercado.
Consenso a través del Consejo Asesor
Finalmente, la comparecencia ha servido para poner en valor el nuevo Consejo Asesor de Vivienda, un órgano integrado por 37 entidades que van desde plataformas sociales como la PAH o el Sindicato de Inquilinas hasta organizaciones empresariales y sindicatos. Este consejo nace con el espíritu de ser el foro donde se busquen soluciones equilibradas y participativas a la crisis habitacional que afecta a España.
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