Edificio municipal de alquiler asequible de Safranar. Fuente: Ayuntamiento de Valencia
La vivienda de alquiler asequible será más accesible en València tras la decisión del Ayuntamiento de elevar el límite de edad hasta los 45 años. El nuevo paquete de medidas prioriza el arraigo local de siete años y movilizará suelos educativos sin uso para construir recursos residenciales.
Por: A. Lagar | Fecha: 28 de enero de 2026
Un nuevo umbral de edad para proteger a la clase media y trabajadora
La administración local de Valencia ha dado un paso significativo en su estrategia habitacional al elevar la edad de acceso preferente a los inmuebles públicos. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado este lunes que el límite para solicitar una vivienda de alquiler asequible con carácter prioritario pasará de los 35 a los 45 años. Esta medida, que será aprobada formalmente en la próxima Junta de Gobierno Local, busca dar respuesta a una realidad social marcada por las dificultades económicas que retrasan el desarrollo de proyectos vitales.
Con esta ampliación, el consistorio reconoce que la precariedad en el mercado inmobiliario ya no afecta únicamente a los jóvenes, sino que se extiende a un espectro mucho más amplio de la población trabajadora. Según ha detallado la alcaldesa, adaptar la normativa es una obligación de la administración para garantizar que los vecinos puedan permanecer en sus barrios bajo condiciones financieras sostenibles.
Prioridad para los residentes con arraigo y nueva Agencia de Alquiler
Junto al cambio de edad, el Plan +Vivienda introduce un requisito de permanencia que otorgará ventaja a quienes demuestren un vínculo consolidado con el municipio. Se establece un umbral mínimo de siete años de empadronamiento para optar a una vivienda de alquiler asequible del registro municipal. Esta cláusula de arraigo pretende fortalecer la cohesión social, garantizando que el parque público se destine a aquellas personas que han apostado por desarrollar su vida en Valencia a largo plazo.
De forma complementaria, el gobierno municipal activará la Agencia Municipal de Alquiler. Esta entidad funcionará como un intermediario que garantiza seguridad jurídica a los propietarios —asegurando el cobro de las rentas y ofreciendo protección frente a posibles impagos— a cambio de que estos saquen al mercado sus pisos vacíos con un precio un 20% inferior a las tarifas actuales. El objetivo es doble: movilizar el stock inmobiliario inactivo y reducir el esfuerzo financiero de los inquilinos.
Suelo educativo para uso residencial y colaboración privada
Una de las propuestas más ambiciosas del nuevo paquete estratégico es la recuperación de solares públicos que han permanecido bloqueados durante décadas. El Ayuntamiento ha identificado cerca de 500.000 metros cuadrados de parcelas reservadas para uso educativo que, tras más de 35 años, no se han materializado. Tras el consenso con la Conselleria de Educación, el suelo excedente o innecesario se transformará en parcelas para vivienda dotacional, integrada en la trama urbana consolidada.
Además de la construcción directa, el consistorio busca alianzas con el sector privado mediante convenios de responsabilidad social. La meta es que las promociones privadas reserven un cupo de Viviendas de Protección Pública (VPP) para los demandantes inscritos en el registro municipal. Catalá ha defendido que «la mejor receta» para combatir la crisis habitacional es aumentar la oferta, por lo que también se facilitará la división de viviendas antiguas de gran tamaño y se incrementará la densidad residencial permitida en la ciudad, pasando de 75 a 140 hogares por hectárea.
Desafíos normativos y reclamación al Gobierno central
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha aportado datos sobre la evolución de la gestión municipal, señalando que actualmente existen 1.000 viviendas en construcción y que la inversión se ha multiplicado respecto a ejercicios previos. No obstante, el ejecutivo local ha subrayado que la administración municipal no puede resolver el problema de forma aislada.
En este sentido, el Ayuntamiento ha instado al Gobierno de España a actuar sobre los solares de titularidad estatal que permanecen paralizados en la ciudad, como los terrenos del Parque de Artillería o el Cuartel de Ingenieros. La alcaldesa ha anunciado que trasladará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta para exigir que el Estado inicie de forma inmediata la edificación de más de 800 viviendas de vivienda de alquiler asequible previstas en dichas parcelas, cuya inactividad califica como un lastre para la recuperación del mercado de la vivienda en Valencia.
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