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Un juez de Sevilla activa el procedimiento abreviado contra siete exresponsables de la Junta por las ayudas concedidas a la empresa Boliden Apirsa.
El caso ERE sigue sumando capítulos, y este último tiene nombre propio: Boliden Apirsa. Lo que empezó como un intento de salvar a un colectivo de extrabajadores tras el cierre de la mina de Aznalcóllar, ha terminado señalando presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Nada menos que 54.279.986,16 euros bajo sospecha que, según el auto, se habrían repartido de manera «injusta y arbitraria».
Siete nombres en el foco de Anticorrupción
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha decidido que hay tela que cortar. En un auto notificado este miércoles, acuerda que la investigación contra siete ex altos cargos pase a procedimiento abreviado.
¿Qué significa esto? Que el juez ve indicios suficientes de criminalidad y da 20 días a la Fiscalía para que pida la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
Entre los que tendrán que dar explicaciones se encuentran:
- Un exconsejero de la Junta.
- Tres exviceconsejeros.
- Dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social.
- Un ex director general de la Agencia IDEA.
Todos ellos están bajo la lupa por su gestión en una línea de ayudas que, presuntamente, saltó todos los controles legales para beneficiar a la entidad Boliden Apirsa S.L. y a su plantilla.
La historia de una «indemnización» interminable
Para entender este lío de Boliden Apirsa, hay que retroceder a la crisis de la empresa. El juez pone el foco en cómo se financiaron los compromisos de pago de las ayudas sociolaborales tras el ERE de 2001. La cifra marea: 52.511.754,30 euros fueron destinados a una póliza de seguros suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.
Pero la cosa no quedó ahí. Se investigan otros 1.768.231,86 euros concedidos para un «suplemento» de dicha póliza. Lo que el instructor señala es que estas ayudas se disfrazaron de «excepcionales» para indemnizar a trabajadores que no fueron recolocados en planes que el propio juez describe como «eficazmente intermitentes» entre los años 2008 y 2011. Básicamente, dinero público fluyendo para tapar la frustración de unos planes de empleo que nunca cuajaron.
Archivo para dos exconsejeros por «falta de indicios»
El juez ha decidido archivar la causa contra los exconsejeros Antonio Fernández (Empleo) y Martín Soler (Innovación). ¿El motivo? Aunque eran los máximos responsables de las consejerías que soltaron el dinero, el magistrado considera que no hay «evidencias solventes» de que participaran directamente.
Aunque algunos testigos apuntaron a que el acuerdo para la «ilícita financiación» venía de arriba, el juez matiza que no hay pruebas de que los consejeros dieran el «beneplácito» directo. En el derecho penal, las sospechas por la posición jerárquica no bastan para sentar a alguien en el banquillo; hacen falta hechos, y en este caso, el instructor no los ha encontrado contra ellos.
Las cifras del caso Boliden Apirsa
La contabilidad de esta pieza separada deja datos que impactan por su volumen:
- Total ayudas investigadas: 54.279.986,16 €.
- Póliza principal (ERE 3/2001): 52.511.754,30 €.
- Suplemento rentas vitalicias: 1.768.231,86 €.
- Periodo bajo lupa: Especialmente las ayudas entre 2008 y 2011.
Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción. Tienen tres semanas para decidir si formulan escrito de acusación y convierten este auto en un juicio. Lo que está claro es que el fantasma de los ERE sigue recorriendo los juzgados de Sevilla, demostrando que, en la administración pública, las facturas del pasado siempre terminan llegando al buzón.
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