Imagen de recurso: La actividad judicial en Galicia registra un cambio de tendencia en los procedimientos concursales.
La comunidad gallega cerró el ejercicio 2025 con un notable incremento en los procedimientos concursales, que alcanzaron los 2.961 expedientes. Según el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este repunte responde al aumento del 34,5 % en los concursos de personas naturales sin actividad empresarial. En contraste, los lanzamientos y las demandas por despido registraron descensos en el mismo periodo.
Por: A. Lagar | 21 de marzo de 2026
La tendencia al alza que los juzgados gallegos vienen registrando desde 2020 en materia de insolvencias se consolidó durante el pasado año. Los datos del Servicio de Estadística del CGPJ revelan que el volumen de concursos presentados creció un 27,5 % respecto a 2024. Este fenómeno tiene un protagonista claro: el ciudadano particular. Mientras que los concursos de empresas (personas jurídicas) cayeron un 13,7 %, los de personas naturales sin perfil empresarial se dispararon, pasando de 1.938 a 2.606 casos en apenas doce meses.
A pesar de este incremento, la intensidad concursal en Galicia se mantiene en niveles inferiores a la media nacional. Con una tasa de 109,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, la comunidad se sitúa sensiblemente alejada de la media estatal, que escaló hasta los 152,2.
Cambios en la competencia judicial
Actualmente, los concursos de personas naturales no empresarias han dejado de tramitarse en los juzgados de primera instancia para concentrarse en los órganos de lo Mercantil. Por este motivo, la estadística oficial prioriza ahora el tipo de persona afectada sobre el órgano que conoce la causa para ofrecer una imagen fiel de la realidad socioeconómica.
En el ámbito empresarial puro, el escenario es mixto. Si bien las insolvencias de sociedades mermaron, los concursos de personas empresarias experimentaron un ligero repunte, al pasar de 91 a 102 expedientes iniciados.
Descenso en desahucios y ocupación ilegal
La estadística judicial también arroja luz sobre el mercado inmobiliario y el derecho a la vivienda. El pasado año se practicaron en Galicia 1.046 lanzamientos, lo que supone una reducción del 12,2 %. La gran mayoría (876) estuvieron motivados por impagos de alquiler vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos, una cifra que también ha tendido a la baja con un recorte del 8,7 %.
Por su parte, las demandas por ocupación ilegal de viviendas —en casos de propietarios particulares, entidades públicas de vivienda social o asociaciones sin ánimo de lucro— retrocedieron un 18,5 %. En total, los juzgados gallegos ingresaron 66 asuntos de esta naturaleza, arrojando una tasa de 2,4 por cada 100.000 habitantes, frente a los 3,8 registrados en el conjunto de España.
El mercado laboral y las reclamaciones de deudas
El balance de 2025 en la jurisdicción social muestra una ligera distensión. Las demandas por despido bajaron un 4,1 %, situándose en 6.118, mientras que las reclamaciones de cantidad cedieron un 3,3 %.
Otro indicador que ha dado un respiro es el procedimiento monitorio, herramienta utilizada para exigir deudas dinerarias líquidas y vencidas (incluyendo deudas con comunidades de vecinos). En este ámbito, se registró un descenso interanual del 17,3 %, pasando de las más de 55.000 peticiones de 2024 a las 46.123 del último año.
Finalmente, el informe introduce de forma orientativa datos sobre la vulnerabilidad social. Durante el último trimestre, se tramitaron 104 solicitudes de suspensión de lanzamientos por esta causa en el ámbito civil, de las cuales se resolvieron 94. De estas, 14 suspensiones se hicieron efectivas aplicando la normativa vigente de protección a hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
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